“No te puedes fiar de los políticos”. Esta es la conclusión extraída
por Olga Costa ahora que ha culminado el proceso judicial iniciado por
la asociación que preside contra la Mancomunidade do Salnés. Y es que
siempre se dijo que la perrera de Meis sería gestionada por una
protectora y la de Cambados fue la única que presentó un proyecto, pero
nunca se plasmó en un contrato con validez jurídica, y la magistrada del
juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo de Pontevedra ha dado
la razón a la administración. Con todo, el Refugio ha recibido la
sentencia con satisfacción porque les reconoce su derecho a reclamar.
Concretamente la protectora había recurrido una resolución de la
Mancomunidad rechazando su petición de que operase el silencio
administrativo y le entregase la gestión, alegando que nunca se produjo
un concurso público de adjudicación. En este sentido, su abogado, Carlos
Varela, explicó que la magistrada detectó “irregularidades” en el
proceder de la Mancomunidad y los resumió en dos grandes bloques.
Por un lado, que desestimó el proyecto sin tratarlo, basándose
únicamente en su elevado coste y de “forma unilateral”, sin informar a
las partes interesadas (el Refugio y partidos de la oposición de su
Pleno). Una forma de actuar amparada por la ley siempre que se
fundamente pero “en este caso no lo justificó, y es lo que le reprocha
en la sentencia”, añadió el jurista del despacho “Miguélez &
Asociados”.
se generaron expectativas
Por otra parte, siempre según él, la jueza entiende que se generó una
expectativa de que el Refugio podría ser el adjudicatario, basándose en
las manifestaciones de los miembros de la Mancomunidad “diciendo que
sería una protectora la que se encargaría de la gestión y además, la
cambadesa fue la única que se presentó”, agregó. De hecho, Alonso había
presentado actas del organismo como prueba.
No obstante, esta “unión de voluntades” fueron palabras e intenciones
que no se plasmaron en un contrato con validez jurídica y, según la
sentencia, tampoco caben otros preceptos de la ley de contratos, con lo
cual, la magistrada resuelve que no procede entregarle la gestión, como
había solicitado. Sí dice que, en todo caso, habría lugar para una
indemnización que no se cifra porque no hay daño cuantificable, ya que
el Refugio solo redactó un proyecto; y además, no se solicitó cuando se
presentó la demanda porque “no queremos dinero, solo que se reconociera
nuestro derecho”, apuntó Costa. Y así ha sido. De hecho, están
satisfechos porque así lo reconoce la sentencia, hasta el punto de que
no le condena a abonar las costas judiciales al entender que acudió a la
justicia con un fundamento y en defensa del mismo.
La resolución no es firme pero Alonso y Costa anunciaron que no la
recurrirán porque “roza la perfección”, profundizando en el tema hasta
el punto de que no encuentran fisuras. Además, dicen que no quieren
“enzarzarse” en litigios con el actual titular, la Diputación de
Pontevedra, que dará un servicio provincial que como protectora nunca
asumirían “por la falta de eficacia, capacidad y humanidad con que la
está planteado”, añadieron. De hecho, hace unos días presentaron un
recurso solicitando la corrección de los errores, que aseguran presenta,
y solicitando a la institución que cree una red con las protectoras de
la provincia, centralizando la actividad en Meis. Pero todavía esperan
una respuesta. En este sentido, Costa advirtió que su proyecto está
registrado en la oficina de patentes y “en el momento en que alguien lo
copie, sí llegaremos hasta el final en los tribunales”.
http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/el-refugio-pierde-la-batalla-legal-contra-la-mancomunidad-por-la-gestion-de-la-perrera/20130130233612009419.html
