El Gobierno de Rajoy ha tenido muy mala suerte: le
ha tocado decidir un mismo día, el próximo martes, si admite a trámite
dos ILP (Iniciativa Legislativa Popular): la que presenta la PAH
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca), sobre desahucios, dación en
pago y alquiler social, y la del lobby taurino, que aspira a considerar
la tauromaquia como Bien de Interés Cultural a nivel nacional. Ya se
sabe que el Gobierno, a través de la herramienta de su mayoría absoluta,
admitirá la de los toros y rechazará la de los desahucios. Pero ha
tenido muy mala suerte por dos motivos: porque la coincidencia deja
claras las prioridades del Gobierno de Rajoy, que prefiere toros a
vivienda (muerte a vida); y porque ha puesto en evidencia una doble
criminalidad: la de los desahucios y la de la tauromaquia.
La semana pasada, Ada Colau, representante de la PHA, llamó “criminal”
en la Comisión de Economía del Congreso al representante de la banca.
Con gran valentía, no hizo más que trasladar al órgano superior de la
soberanía popular un término que es clamor en la calle, y así lo
ratifica el casi millón y medio de firmas que avalan su ILP. Pero sus
señorías se sintieron ofendidos por esa expresión, y también porque
Colau les advirtió de que no olvidaremos los nombres y apellidos de
quienes rechacen su propuesta de mínimos para evitar el enorme
sufrimiento y la fractura social que supone un problema, el de las
hipotecas, del que es responsable la alianza entre la banca y los
sucesivos gobiernos. En un ejercicio de cinismo o ñoñería, una gran
mayoría de sus señorías se sintió amenazada y ha pretendido que el árbol
de una palabra no nos deje ver el bosque de los significados. En primer
lugar, crimen es la acción o cosa que perjudica a alguien o a algo, a
ver si nos llevamos menos las manos a la cabeza y más al diccionario. En
segundo lugar, no veo qué tiene de ofensivo saber, con nombres y
apellidos, qué hacen sus señorías sobre los asuntos que nos incumben:
precisamente esa es la esencia del modelo de listas electorales abiertas
que queremos. No es amenaza sino conocimiento, transparencia: si con
fulano o mengana, nombrados por elección popular, no nos sentimos
representados, en la siguiente ocasión no les concederemos nuestra
confianza.
En cualquier caso, la coincidencia de las
dos ILP y la intervención de la señora Colau nos pone en bandeja un
término que a ambas se puede aplicar: criminales son la banca y los
políticos a su disposición como criminales son los toreros que matan
toros; criminales, los ganaderos que los crían para su tortura y muerte;
criminales, los responsables de las escuelas taurinas donde se adiestra
a los jóvenes en el maltrato sobre el cuerpo tierno e inocente de un
cachorro; criminales, los que fomentan esa cruel práctica, ya sea
sublimándola a través de la producción cultural (es el caso de la
película Blancanieves, por ejemplo, que llega
multinominada a los Premios Goya pero con una sentencia pendiente por
maltrato animal), ya sea a través de la exaltación mediática
(periódicos, programas de televisión), ya sea defendiéndola con medidas
políticas, como con esta ILP. Criminales y cómplices, stricto sensu.
Dicho lo cual, sobre la ILP presentada a trámite por el lobby taurino
conviene aclarar algunos puntos, como ha hecho la Fundación Franz Weber a
través de un exhaustivo informe que ha hecho público su Director para
Iberoamérica, Leonardo Anselmi, creador, a su vez, de la Plataforma
PROU!, que impulsó la ILP por la que en 2010 el Parlament prohibió las
corridas de toros en Cataluña. El informe de la FFW se refiere a tres
puntos fundamentales: los errores de forma, los errores de fondo y los
argumentos falaces en base a los cuales se aprobará un proyecto de Ley.
Además, argumenta jurídicamente la falsedad de la afirmación de que, de
aprobarse esta ILP, volverían las corridas a Cataluña: "Que los toros
volverán a Catalunya", dice la FFW, “no es más que un recurso mediático
de titular fácil y alarmista, tendente a ocultar las verdaderas
intenciones de esta ILP tauroeconómica, pues lo único que puede hacer
que las corridas vuelvan a Catalunya es un fallo del Tribunal
Constitucional”.
Según el informe de la Fundación
Franz Weber, en la presentación de la ILP taurina se producen las
siguientes irregularidades de forma: 1) El Estado carece de competencias
para tramitar y aprobar la ILP, ya que la declaración de BIC
corresponde a las CCAA, por lo que, en caso contrario, el Congreso de
los Diputados estaría excediéndose en sus competencias. De hecho, en
2010 el Senado ya rechazó que los toros fueran BIC por ser competencia
de las CCAA. 2) La ley debe velar por el bien general y estos
espectáculos crueles son rechazados por una aplastante mayoría social.
3) Un BIC no se hace por Ley sino que exige la tramitación de un
expediente sobre los bienes a declarar, mientras que esta proposición de
ley comienza proclamando: “La Fiesta de los Toros constituye un Bien
Cultural de carácter global”. 4) En la actualidad, existe un
procedimiento judicial en curso ante el Tribunal Supremo por las
presuntas irregularidades cometidas durante la recogida de firmas. 5) La
Comisión promotora para la recogida de 500.000 firmas obtuvo una
prórroga que la Ley solo contempla si concurre una causa mayor que no se
ha demostrado. 6) Han pasado más de 6 meses entre la publicación de la
Proposición de Ley por la Mesa del Congreso y la inclusión en el orden
del día del Pleno para su toma en consideración, por lo que la ILP ha
caducado.
La FFW también denuncia irregularidades de
fondo. En cuanto al contenido de la ILP, los objetivos son fomentar y
proteger la fiesta de los toros, desarrollar normativa en materia de
educación dirigida a los menores para introducir la cultura taurina en
colegios y universidades e instar la declaración de la tauromaquia como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. La ILP
obligaría, pues, a las Administraciones a inyectar dinero público a los
festejos taurinos, que no se sostienen sin ayudas públicas. También
recibirían el llamado 1% cultural, reservado para los BIC en todos los
contratos de obras públicas. Wert anunció hace un año que el Gobierno
daría más dinero para el fomento y la protección de los toros, lo que
abrirá aún más la brecha entre la Administración estatal y el resto de
las Administraciones, así como entre estas y los ciudadanos: los
sindicatos de policía ya han advertido de que los fondos para combatir
incendios van para toros. Pero la Ley Wert de reforma educativa ya ha
recibido demasiado rechazo como para incluir además los toros en su
programa, que no sería más que un motivo más de oposición. Por su parte,
la UNESCO, que promueve el desarrollo humano a través de la cultura, la
enseñanza y la ciencia, nunca declarará PIH una actividad que, por su
violencia y maltrato, es considerada delito en casi todo el mundo.
Máxime porque con la ILP también pasarían a ser BIC los festejos
populares como el Toro de la Vega, unánimemente condenado fuera de
nuestras fronteras.
“Por todo lo expresado”, añade la
FFW, “queda claro que el único objetivo realmente alcanzable por parte
de esta ILP es el aumento del uso del dinero público para fomentar
actividades empresariales taurinas”. ¿Por qué ahora y con tanta prisa?
Porque hace muchos años que dejó de ser rentable y el lobby taurino
pretende que dicha actividad se considere como un producto cultural para
beneficiarse de cuantiosas subvenciones públicas y privilegios
fiscales. Lo reclaman asegurando que las corridas de toros son "el
segundo espectáculo de masas de España”, algo que desmienten
categóricamente los datos del propio Ministerio de Cultura. Con la
declaración de BIC solo se beneficiarán los empresarios.
En cuanto a los argumentos falaces, son los de siempre: que los toros
atraen turismo, que el toro bravo desaparecerá, que desaparecerán las
dehesas y cientos de miles de puestos de trabajo. Y la más terrible, por
la falta de sensibilidad y empatía que supone: que el toro no sufre.
Barbaridades, falacias, falsedades, mentiras y manipulaciones. La
Plataforma LTNEC (La Tortura No es Cultura, compuesta por las
principales organizaciones de defensa de los derechos de los animales en
España) señala además la “vergonzosa parcialidad” del PP con respecto a
este tema, su "total sumisión ante el lobby taurino" que le presiona.
Recuerda que el Congreso ha rechazado todas las iniciativas legislativas
ciudadanas desde 1983, por lo que no entiende "por qué van a aprobar
ésta que no es prioritaria, y ante la que se opone el resto de partidos
políticos y la mayoría de la sociedad". Le sorprende además el
"sinsentido" de que el mismo día que se admitirá a trámite la ILP
taurina, que cuenta con 590.000 firmas, se rechazará la ILP de la dación
en pago, que cuenta con más de 1.400.000 firmas y todo el apoyo social.
La Plataforma La Tortura No Es Cultura considera que el interés del PP y
de gobiernos anteriores en destinar recursos a la tauromaquia a pesar
del rechazo ciudadano de la misma que muestran las encuestas podría
encontrarse en el hecho de que grandes empresarios españoles son
aficionados a la “fiesta” y poseen ganaderías, “entre ellos importantes
donantes del PP, especialmente de confirmarse la lista de Bárcenas”.
Marta Esteban, su presidenta, añade: “La defensa de la tauromaquia por
parte de este Gobierno no es más que el deseo de contentar a un pequeño
lobby poderoso, en detrimento de la opinión de la inmensa mayoría de los
españoles, que rechaza o no le interesa esta fiesta cruel”.
Todo eso, en nuestro idioma, es criminal. Porque comete, defiende,
promueve y encubre crímenes económicos, crímenes culturales, crímenes
pedagógicos. Crímenes en el sentido de perjudicar, de hacer daño. Y,
sobre todo, crímenes en un sentido estricto: en el de matar.
