El hallazgo de ADN de perro y de oveja en harinas y
grasas destinadas a la nutrición animal ha abierto una enorme polémica
entre los consumidores y puesto en entredicho la seguridad alimentaria.
Mientras el Juzgado de Ponteareas continúa recabando la información del
caso, los ciudadanos no dejan de hacerse preguntas.
¿Existe un riesgo para la salud pública?
Para el Juzgado de Ponteareas es evidente y real,
y por eso ordenó el pasado 23 de enero que no se sacara más materia
prima para la creación de piensos de la planta de Salamanca que ha sido
investigada. Esta decisión se basa en las averiguaciones llevadas a cabo
el pasado mes de septiembre. Los análisis del Seprona detectaron ADN de
perro y de oveja en las harinas y grasas destinadas al consumo animal.
¿Los análisis se hicieron con garantías legales?
Los análisis se llevaron a cabo siguiendo todos
los procedimientos legales. Un exhorto del Juzgado de Instrucción
número 3 de Ponteareas autorizó el 18 de septiembre la entrada al día
siguiente en la fábrica de Salamanca. Se encomendó la práctica de la
diligencia a dos agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de la Unidad
Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) y los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Junta de Castilla y León en Salamanca, bajo la fe
pública del secretario judicial del juzgado de guardia correspondiente
de Salamanca, que levantó acta del resultado.
¿Cuántas empresas compraron pienso animal supuestamente contaminado?
Según el libro de registro de salidas de lotes
completos que tuvo que facilitar la empresa implicada a la Guardia
Civil, el destino de los productos era la cadena de elaboración de un
total de 42 empresas que trabajan en la alimentación animal, según se
desprende del sistema informático de gestión global de alimentación
animal Silum. Hay nueve empresas de Murcia, dos en Galicia, y otras en
Cartagena, Huesca, Lérida, Salamanca, Guipúzcoa, Toledo, Almería,
Lérida, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Valencia, Zaragoza, Valladolid,
Zamora y Barcelona. La empresa también exportó materia prima al
extranjero, concretamente a tres empresas de Holanda y a dos de
Portugal.
¿Por qué la polémica se destapó en Galicia ?
Las investigaciones efectuadas por el Seprona, en
colaboración con los servicios veterinarios de la Xunta de Galicia,
llevaron a descubrir en mayo del año pasado un gran almacén ilegal de
cadáveres de animales en el municipio pontevedrés de As Neves. Fueron
halladas 15 toneladas de cuerpos, entre los que había cadáveres de
animales de compañía, cachorros de no más de 200 gramos de peso,
víctimas de la carretera y también otros ejemplares salvajes y de gran
tamaño, como caballos o jabalíes. Las pesquisas realizadas les llevaron
también hasta el municipio pontevedrés de Salceda de Caselas, donde
localizaron un total de 160 animales muertos en las instalaciones de una
empresa relacionada con el mundo animal, en el momento en el que iban a
ser cargados en un camión. Las pesquisas condujeron hasta la fábrica de
harinas y grasas de Salamanca, que era el destino final de estos
cuerpos.
¿De dónde proceden los cadáveres de animales?
Según la investigación del Seprona, son animales
de compañía recogidos en distintos establecimientos, como clínicas
veterinarias, refugios de recogida de animales abandonados, centros de
práctica de equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de
compañía o mataderos.
¿Cuántas personas hay implicadas en la trama?
En total hay once personas implicadas en la
trama, acusadas de un delito de un delito contra la salud pública, otro
de falsedad documental y puede que uno de estafa. Junto al responsable
de la firma de Salamanca Fernando Corral e Hijos, cuyo trabajo de
extracción de material está paralizado cautelarmente, también hay
responsables de negocios de pieles, el dueño de una residencia canina de
Salceda y varios transportistas.
¿Qué hacer si se sospecha que los restos de una mascota no han sido gestionados correctamente?
Quienes tengan sospechas sobre la gestión de los
restos de su mascota deben acudir al veterinario al que la llevaron y
pedir la factura del servicio y la copia del albarán en el que consta
dónde se llevó el animal para su incineración o tratamiento. Los
profesionales deben tener copias de estos documentos. Si hay indicios de
irregularidad, pueden solicitar un escrito en el juzgado de guardia y
presentarlo para que se una a las diligencias abiertas sobre este caso.
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