No sé si llevarme las manos a la cabeza, de nuevo, o fingir naturalidad ante un caso más de absurda incoherencia de las administraciones públicas. He sido conocedora, hace unos días, de un hecho insólito, no por el hecho en sí como por la repercusión...
Paso a explicarme. En un municipio español de la comarca de La Selva, provincia de Gerona, llamado Arbúcies hay un bosque con una cincuentena de perros, cuyas condiciones son deplorables. Hasta aquí todo es normal y cotidiano, estamos más que acostumbrados a ser conocedores de tales hechos. Gentes que regalan monísimos cachorros que crecen y se vuelven inconvenientes en nuestras vacaciones, que ya no hacen tanta gracia sobre todo a la hora de bajarlos a pasear y tener que recoger sus excrementos… He leído como los vecinos de dicha zona argumentan quejas de que están sucios, mal alimentados y llenos de parásitos y enfermos, que se reproducen sin control y que el ruido de sus ladridos es ensordecedor, por no apostillar el olor. Tienen miedo, me refiero a los vecinos, aunque algunos de ellos, cuando creen que nadie les ve, se acercan y les surten de desperdicios, haciendo gala de una inusitada caridad hacia el mundo animal.
Y aquí es cuando oso llamar la atención sobre la repercusión del incidente. Todo el mundo acusa a una señora, vecina del municipio, que se dedica a recoger a estos animales en este terreno del que no es propietaria. La incauta, pensando que hace un bien público al retirar de la vía a estos animales, evitando accidentes, gamberradas de los que disfrutan haciendo daño a los perros, etc., como digo se enfrenta a la acusación y el enojo por parte de los demás conciudadanos. Me atrevería a asegurar que más de uno de estos acusadores, son también dueños de algún can de la discordia, pero de eso hablaré más abajo.
Ha llegado a intervenir hasta el mismísimo Síndic de Greuges, para los no conocedores de estos términos les adelanto que es El Síndico de Agravios de Cataluña (oficialmente, en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya) es el nombre del Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma de Cataluña. Su misión es garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración gubernamental. Debe atender las quejas de las personas que se encuentren desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones.
Con esta última aclaración tendría que dar por finalizada la nota pero como puedo intuir la no comprensión de una gran mayoría les aclaro que el o la responsable de este enorme problema, incluso de salubridad pública, es el Ayuntamiento y la Generalitat, que dicho sea de paso se van pasando la “patata caliente” y tirando “balones” fuera.
El Ayuntamiento pone multas y declara ilegal la acción, y El Departamento de Agricultura y Medio Natural de la Generalitat se limita a comunicar que hay una Ley de Protección de los animales, que atribuye la competencia a los municipios. Entrando en una dialéctica absurda sobre núcleos zoológicos, licencias, perreras y demás términos administrativos que no resuelven ni el problema de la comunidad ni el sufrimiento de los animales.
¿Se han parado a pensar lo fácil y económico que resultaría un mayor control? Disculpen el lapsus, me refería a un simple control de la cría de animales, ya sea por particulares y/o centros autorizados a menester lucro; a quienes se dedican a la venta de los mismos y a los veterinarios, que no deberían consentir saliera ningún animal de compañía de sus clínicas o consultas sin el chip reglamentario y la esterilización o castración de cada ejemplar. Seguramente ahora estaríamos hablando de las cuantiosas cantidades que tendrían que pagar los dueños que han abandonado a sus compañeros de caza, regalos de navidad o cumpleaños, entre otros. En lugar de señalar a una amante de los desgraciados que terminan en la calle.
Por favor, no tratemos de tapar el sol con un dedo y con el mismo señalemos a las autoridades competentes que no realizan sus funciones. Pero también le recrimino al Gobierno de España (sea del color que sea) que no haya impulsado ninguna iniciativa que regule el maltrato animal.
La proposición no de ley, impulsada en 2008 por ER-IU-ICV, acordó que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a “crear, en el plazo de seis meses, un Grupo de Trabajo de Alto Nivel en el que participen las Comunidades Autónomas, los agentes sociales más representativos, las organizaciones ambientales y representantes de los Grupos Parlamentarios, para que analizase la diferente legislación existente sobre el tema en España y se propusiesen soluciones al objeto de evitar el maltrato animal, así como la elaboración de una Ley de Protección Animal”. Han transcurrido más de tres años desde dicha aprobación pero aun no se ha desarrollado acción alguna.
Hasta el momento de escribir estas líneas, sólo ACTYMA, Asociación Contra la Tortura y el Maltrato Animal, se ha hecho eco de la situación de estos seres llamados “mejores amigos del hombre”, tomando la iniciativa de denunciar a las administraciones competentes para lo cual le han pedido a Legalcat Abogados que les represente en el momento en el que esas denuncias deriven en procesos judiciales.
Ahí queda la llamada de socorro de unos cuantos pulgosos que el único delito que cometieron fue nacer y, en algún caso, no tener el pedigrí suficiente.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/16/catalunya/1329425751_408219.html
Isabel Navarro
Administradora
LegalCat Abogados - Advocats - Lawyers
www.legalcat.es
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