El Seprona indica que el mayor número de denuncias se producen por la venta de cachorros de perros de raza
Los expertos denuncian que cada vez hay más criadores sin los permisos correspondientes
Las calles extremeñas o Internet están llenos de anuncios donde alguien vende un cachorro de perro o gato. Muchas veces se trata de una práctica ilegal al comercializar un animal que no está registrado ni controlado legalmente.
Olga Lama, secretaria de la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (Fepaex) asegura que el inicio del abandono de animales comienza en la cría y venta ilegal. Al no estar controlada de forma exhaustiva la cantidad de animales domésticos que hay en circulación, se crea una sobrepoblación que ocasiona que, en muchos casos, acaben siendo sacrificados debido a que las protectoras no pueden acogerlos a todos.
Lama se refiere especialmente a la cría descontrolada de perros de caza. Según afirma, se da el caso de que hay perras que por su edad ya no son útiles para cazar y son usadas para la cría. A sus cachorros se les realizan una serie de pruebas para ver si sirven con apenas tres meses. Otro de los problemas que genera la cría ilegal son los cachorros con malformaciones u otros problemas debido a que sus criadores realizan cruces consanguíneos para no compartir los beneficios con los propietarios de otros perros.
Crece el número de personas que se dedican a la cría ilegal. Lo hacen para sacarse un dinero extra, pensando que así rentabilizan el perro, o que estos se volverán más tranquilos al haber tenido al menos una camada.
Habitualmente estos criadores suelen entregar el cachorro antes de lo debido (dos meses y medio o tres), lo que provoca al animal problemas de socialización o en el carácter.
Requisitos
Para que la comercialización de cachorros sea legal, es necesario estar dado de alta como criador, tener un núcleo zoológico registrado, un veterinario y un control de cría llamado cadencia de partos. Fepaex añade que quien quiera denunciar un posible caso lo puede hacer en la Consejería de Agricultura, como maltrato animal, y en Hacienda, como comercio ilegal.
Este último organismo exige a los dueños que paguen los impuestos generados por estas ventas y que se den de alta como criadores, aunque no tiene competencias para retirar los animales.
A pesar de todo, el proceso suele ser demasiado lento a juicio de Fepaex, lo que da lugar a que mientras se hacen efectivas las denuncias el criador pueda lucrarse con una o dos camadas más. En la web de esta federación el usuario puede encontrar los papeles necesarios para denunciar.
Por su parte Fuentes del Seprona (Servicio de Proteción de la Naturaleza de la Guardia Civil) indican que la mayor parte de las investigaciones que realizan sobre este asunto se refieren a cachorros de perros de raza para compañía que al poco de ser adquiridos mueren o tienen enfermedades graves y los vendedores no se hacen cargo de ellos.
El Seprona achaca estas situaciones a la venta por Internet o a las transacciones de particulares no autorizados para ello. En muchos casos suelen ser perros traídos de países del Este de Europa que no han sido revisados sanitariamente, son de corta edad y que debido al viaje tan largo en transporte terrestre llegan con estrés.
Agustín Mansilla, presidente de la protectora Adana y abogado especializado en defensa animal, incide en que legalmente ahora mismo la cría y venta ilegal de animales está más cerca de ser un delito fiscal que un maltrato animal propiamente dicho.
Aclara que para poder ejercer legalmente esta actividad hace falta una licencia fiscal, pagar el Impuesto de Actividades Económicas, darse de alta en la Seguridad Social y notificarlo a la Junta de Extremadura. También hay que cumplir una serie de normas de la ley de protección animal, como tener prohibida su exhibición.
Asegura que en los últimos años ha crecido el número de denuncias, al igual que el número de criadores ilegales. Suelen realizar camadas muy forzadas, y ni siquiera tienen las condiciones adecuadas para esas crías.
Cuando son vendidos, los animales deben ser entregados obligatoriamente con el pasaporte, las vacunas correspondientes y el microchip, pero en muchos casos no se cumple y no tener el chip conlleva una sanción de 300 euros.
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