Sin embargo, los españoles pagamos alrededor de 300 millones de euros al año para que se reciclen estos residuos.
Los españoles pagamos alrededor de 300 millones de euros al año para que se reciclen nuestros electrodomésticos y ordenadores, pero la realidad es que, en la inmensa mayoría de los casos (en un 80 % aproximadamente), acaban en descampados, chatarrerías o desguaces. Solo un 20 % de los residuos eléctricos y electrónicos generados en España se recicla y únicamente el 10 % se trata de forma correcta.
Estos son algunos de los datos de un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hecho público hoy, en el que se denuncia que el reciclaje de la basura electrónica es «muy deficiente» a pesar de que desde hace seis años este servicio se cobra a los consumidores. Sin contar con que cada residuo no reciclado supone una importante contaminación ambiental y materiales peligrosos descontrolados, entre otros problemas.
Cada español paga unos 20 euros cuando compra un frigorífico y unos cinco cuando adquiere un microondas, que se destinan a financiar el correcto reciclaje de esos aparatos cuando acaben su vida útil, pero que no aparece especificada en la factura. Ese importe va destinado a los fabricantes, que deben ocuparse ellos mismo del reciclado. Lo que normalmente suelen hacer es delegar en un Sistema Integrado de Gestión (SIG), al que solo pagan por los aparatos realmente reciclados, una pequeña parte de los comercializados. Esto significa, según la OCU, que los productores se están quedando con más de la mitad del dinero que los consumidores han pagado previamente.
El GPS descubre el engaño
Para llevar a cabo el estudio, la organización seleccionó 15 electrodomésticos usados (cuatro televisores, cuatro lavadoras, cuatro frigoríficos y tres ordenadores), a los que se les instaló un localizador que indicaba su posición mediante tecnología GPRS.
Para deshacerse de los aparatos, se llevaron a puntos limpios repartidos por todo el país, otros fueron retirados a domicilio y otros se entregaron en tiendas, donde, según ha explicado Enrique García, portavoz de OCU, se encontraron con «serias dificultades» para que los aceptaran. Después, se siguió la «ruta» de los aparatos durante tres meses y se comprobó que nueve de los 15 electrodomésticos no se gestionaron correctamente.
Gómez ha destacado que se dieron casos muy curiosos, como el de un ordenador depositado en un punto limpio en Pamplona, que acabó en una planta de tratamiento de residuos autorizada de Vizcaya, tras recorrer más de 1.200 kilómetros, lo que generó 650 kilos de CO2, que «se emitieron de forma gratuita a la atmósfera».
Ninguna de las televisiones llegó al destino adecuado y además una de ellas, dejada en un punto limpio de Logroño, se desmembró en Calahorra y una parte acabó en un descampado de Lérida, mientras que la otra parte fue a parar a una nave de Zaragoza.
La responsable de medio ambiente de la OCU, Belén Ramos, ha denunciado que el fabricante es el que se embolsa el dinero que los consumidores pagan por el reciclado de sus aparatos, ante la «pasividad» de las administraciones públicas (central, autonómica y local). El estudio ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.
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