Los efectos más destacables, la deformación en el andar en el animal, y las infecciones que provoca el metro de cepo atado a la pata, pueden llegar a causar incluso la muerte a alguno de los que sufren este maltrato.
Es por ello que la asociación que lucha por los derechos de los animales Libera! ha iniciado una línea de investigación a los ganaderos que colocan estos instrumentos en los caballos. Hasta ahora han recibido en el correo electrónico unas 40 denuncias y más de 50 imágenes de caballos con cepos, «algo que no se puede tolerar», comenta Rubén Perez, coordinador de esta asociación en la comunidad gallega.
La creencia tradicional de que los cepos limitan los movimientos de los caballos ha hecho que esta acción se extienda entre los ganaderos. «Los cepos no evitan que los caballos invadan carreteras: lo único que logran es retardar sus movimientos y que los caballos se vuelvan muros que no se pueden desplazar con libertad. Por tanto, esto no evita los accidentes, sino que además agrava la situación en el caso de que un animal se viese involucrado en uno de ellos».
Esto sucede porque el responsable del animal no puede ser identificado y no se hace cargo de las indemnizaciones correspondientes al accidente. Tampoco puede ser denunciado por la vía penal y, por tanto, las responsabilidades pasan al Gobierno. Sólo la Comisión Europea podría hacer la denuncia si se cumple la normativa europea que dicta que es obligatorio para un ganadero que posee un caballo la implantación de un microchip, como los utilizados en los perros, un libro sanitario, y un pasaporte europeo. Pero la implantación del chip, que supone un coste medio de entre 50 y 100 euros, es un gasto elevado para algunos de los ganaderos que no están dispuestos a afrontar. Ante esta situación, la asociación Libera! propone varios métodos alternativos para el control del movimiento de los caballos ya aplicados en otros países europeos, como la colocación de pastores eléctricos, de vallas extensibles o de vallas detectoras del movimiento.
Todas las denuncias recibidas de los ciudadanos son anónimas, ya que «en las zonas rurales gallegas, de pocos habitantes, hay miedo a denunciar por las represalias de sus vecinos» asegura Rubén. Libera! informa con asiduidad a varios eurodiputados y senadores preocupados por este problema, que por otra parte, ha empezado a ser investigado también por la Comisión Europea.
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