La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local de Valverde
de Leganés, ha detenido a un vecino de 32 años de edad, como presunto
autor de un delito de maltrato animal. Se le acusa de apalear a un perro
y arrojarlo a un pozo.
Una vecina alertó al 112 de los ladridos que provenían de un pozo de
la localidad. Los bomberos rescataron a un pit bull con señales de haber
sido apaleado. El maltrato fue confirmado por un informe veterinario
que constató que había sido golpeado con un objeto contundente,
produciéndole heridas graves en todo el cuerpo.
El animal tras ser rescatado
Aunque carecía de microchip, los agentes pudieron encontrar a la
dueña. Parece ser que el detenido, su pareja sentimental, habría
apaleado al animal por una discusión previa. Además fue contándole el
maltrato a través de whatsapp.
Se la ha detenido por un delito de maltrato animal contemplado en el
artículo 337 del vigente Código Penal. Se enfrenta a penas de prisión de
hasta un año e inhabilitación de hasta tres años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales.
No
hay vuelta atrás. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
española acaba de aprobarse en el Pleno del Congreso de los Diputados
por 172 votos a favor (solo los del Partido Popular), 144 en contra y 3
abstenciones. Era el último paso
que necesitaba para entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2015. La
nueva Ley ha levantado una fuerte polémica porque, básicamente, intenta
regular y controlar Internet en beneficio de unos pocos. Y lo hace de
una forma burda e ineficiente. Y te afecta a ti (y a cualquier usuario
de Internet) mucho más de lo que pensabas. ¿Cómo?
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (puedes acceder a las enmiendas y al texto íntegro aquí) intenta por encima de todo controlar qué compartimos en Internet y cómo lo compartimos.
Se trata de una vuelta de tuerca de la anterior ley conocida como "Ley Sinde"
que introduce nuevos supuestos para facilitar, entre otras cosas, el
cierre e imposición de multas a páginas web de enlaces. El problema es
que la ambigüedad con la que ha sido redactada introduce una inseguridad
jurídica tan fuerte que afecta a todo Internet. Además, incluye el
polémico canon AEDE o "tasa Google", que en esencia restringe nuestro
derecho a la información.
¿Cómo te afecta la LPI? Sobre todo en estos 4 puntos clave:
La nueva
LPI, en sus artículos 157 y 158, establece como ilegal ofrecer en
Internet listados ordenados y clasificados de enlaces,
independientemente de que las páginas que los publiquen muestren
publicidad o no para lucrarse. Una comisión de propiedad intelectual
creada por el gobierno podrá, sin necesidad de permiso judicial, cerrar
páginas web de enlaces o multarlas con sanciones de hasta 600.000 euros.
E incluso podrá perseguir a los proveedores de esas páginas (empresas
de hosting, pagos online etc).
"La Ley
abre la posibilidad al Estado de sabotear cualquier contenido online
por el simple uso del miedo. ¿Se va a arriesgar un proveedor de hosting a
una multa de 600.000 euros por dar alojamiento a una web de enlaces?
No.", explica a Gizmodo en Español el abogado especializado en Internet Carlos Sánchez Almeida, y autor del blog Jaque Perpetuo. Y añade: "Este
sistema de censura es el mismo que se empleó con Wikileaks: intentar
ahogarlo económicamente cerrando su acceso a PayPal, servicios de
hosting, tarjetas de crédito...".
En la práctica, al final lo que se consigue es criminalizar el enlace a contenidos compartidos entre usuarios. "Lo
que la LPI está prohibiendo ahora es compartir en Internet nuestras
librerías de contenidos. Compartir es algo que el ser humano ha hecho
toda la vida, solo que ahora lo hacemos online. Hay que buscar una forma
de compensar directamente a los autores de los contenidos, sin editores
de por medio, pero nadie ha pensado en cómo hacerlo. En lugar de ello,
la LPI solo propone cierres y multas. El acceso a los contenidos y la
cultura es lo que realmente sale perdiendo".
2) Restringe tu derecho a la información
Expandir
Otro de los puntos más polémicos que introduce la ley en su artículo 32.2 es el llamado canon AEDE o "tasa Google". En esencia, obliga a los agregadores de contenidos online como Google News o Menéame
(pero también potencialmente Facebook, Twitter y decenas de páginas) a
pagar un canon para compensar por los contenidos que estos enlazan de
los medios de AEDE (asociación formada por medios impresos adscritos a
grandes grupos empresariales). De no hacerlo, se enfrentan también a
multas de entre 150.000 y 600.000 euros.
"Es pura censura, una restricción del derecho de información de los ciudadanos. Cualquier
página web que ponga listados de noticias o que agregue noticias de
forma sistemática, debería pagar este canon o arriesgarse a una enorme
multa. Por ejemplo, un blog creado por un usuario cualquiera que enlace a
estas noticias de los medios AEDE, tendría que pagar", explica Almeida.
El artículo de la ley está fabricado a medida de los grandes medios de comunicación miembros de AEDE
acosados por el cambio en su modelo de negocio que ha provocado
Internet y que ven en agregadores como Google News la fuente de todos
sus males. Además de no tener ni pies ni cabeza (Google News es una
fuente de tráfico para estos medios y ni siquiera incluye publicidad),
el efecto final de la ley es restringir directamente el acceso a la
información libre de los ciudadanos.
El
resultado de esta medida es que España se convierte en el único país en
el mundo en el que, por enlazar contenidos públicos de Internet, hay que
pasar por caja.
El Gobierno y un lobby (los medios de AEDE)
pasan a controlar no solo buena parte de la información que se comparte
en Internet, sino cómo se comparte. ¿Te suena? Exacto, hay un país que
aplica un sistema de control y censura muy similar: China.
La
aprobación hoy de la reforma de la LPI con el canon AEDE resulta aún más
paradójica teniendo en cuenta que justo el pasado lunes el Tribunal de
Justicia Europeo (TJUE) dictaminó que insertar en una web un vídeo
sujeto a derechos de autor no infringe el copyright, porque no es un
acto de explotación, de "comunicación pública". Como explica el abogado David Maeztu,
la sentencia resuelve el caso en el que una compañía (BestWater)
propietaria de los derechos de un vídeo subido a YouTube, demandó a
otros usuarios por utilizar ese vídeo en sus páginas web y sin su
permiso. Según la sentencia:
La
puesta a disposición en un sitio web de una obra inserta en otro sitio
web a través de un vínculo mediante la técnica de la "transclusión," tal
como se utiliza en el litigio principal, no puede ser llamada
"comunicación al público"
Es decir:
enlazar no es un acto de comunicación pública, según el TJUE, por lo que
no se puede considerar una infracción del copyright. Trasladado a
España y al canon AEDE, que pretende cobrar a compañías como Google por
enlazar, este nace ya contrario a derecho europeo o, como dice Maeztu,
el canon AEDE nace muerto.
¿Cómo es posible que el gobierno español sea tan torpe de elaborar y
aprobar una ley contraria a las sentencias de la Unión Europea? Pero aún
hay más.
3) Puede obligar a cerrar tu empresa
Expandir
Foto: José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura de España. Getty Images
Como
resultado de lo anterior, la inseguridad jurídica y empresarial que abre
la reforma de la LPI es bestial. El hecho de que una administración
pueda cerrar una página web sin ninguna intervención judicial hará que
muchas empresas de Internet, emprendedores y usuarios se piensen dos
veces realizar ciertas actividades económicas. Otros se verán abocados a
establecer la sede social de su empresa fuera de España - o cerrar.
"Ante la disyuntiva de una multa o cerrar la página, mucha gente decidirá ni siquiera empezar, no arriesgarse. Eso es censura. Directamente
no va a haber página. La gente ya ni se lo va a plantear. Por ejemplo,
una empresa de hosting pequeña no puede estar recurriendo multas y
pagando abogados. Al final es actividad económica que se va a perder", señala Almeida.
Y esa
es la clave: en lugar de impulsar nuevas actividades online y, con la
actividad económica generada, idear mecanismos de retribución de los
autores de contenido, la nueva LPI pretende prohibir, cerrar y multar.
En otras palabras: anclarnos en modelos de negocio antiguos y obsoletos.
4) Tendrás que pagar más por ir a la Universidad
Con la
nueva Ley de Propiedad Intelectual se establece otro canon: el que las
universidades públicas y privadas tendrán que pagar a la entidad de
gestión CEDRO
(según ellos, "asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de
libros, revistas y otras publicaciones") por utilizar materiales
académicos en campus virtuales, la mayor parte de los cuales (irónico)
están bajo licencia Creative Commons.
Como explica el abogado especializado en Internet Javier de la Cueva, "las universidades tendrán que pagar 5 euros por alumno. Si coges el número de alumnos y Universidades, sale a 8 millones de euros anuales a favor de CEDRO. Un disparate".
¿Resultado a medio y largo plazo? "Las
Universidades privadas probablemente incrementarán el precio de sus
matrículas, y las públicas también: una parte en lo que pagan los
ciudadanos, y otra en lo que paga la Administración Pública. Al final
todo ese dinero saldrá de nosotros. Y no solo eso. El problema es que se
está produciendo una apropiación privada del conocimiento, y del
llamado Open Access", explica de la Cueva.
Esta es la
ley que acaba de aprobar el Gobierno español y que nos acerca a países
como China en materia de censura y control de Internet. "Es una ley
al margen de la voluntad de los ciudadanos, un caso de cómo se está
gobernando en favor de solo unos pocos. Es un ejemplo de libro de la
corrupción del sistema". Más claro, imposible.
